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Sobre un atropello educativo en Lajas

¿Para qué sirve la educación? ¿Quién decide qué se enseña a nuestros niños y nuestros jóvenes, y cómo hacerlo?


Enseñar a los individuos a hacer valer sus derechos y las condiciones necesarias para que éstos sean posibles desarrolla nuestras sociedades, no sólo en un plano jurídico, sino también en el económico. Educamos a los individuos para que hagan cumplir la ley, para que participen en su formulación si hallan cómo cuestionar sus contradicciones, para que produzcan y contribuyan privilegiando el beneficio a los demás y evitando las actitudes perjudiciales. El dinero que usamos y que finalmente puede ser un papelito, un número, representa sobre todo la confianza que alcanzamos en que los derechos y las leyes son efectivos. Todo esto no es arbitrario, sino que depende de una discusión más amplia donde la libre manifestación de ideas tiene un lugar. La educación, pues, es una esfera general de nuestra sociedad donde puede uno insertar al pequeño mundo editorial, al del arte, al que se encarga de pensar en la cultura.


Algunas vertientes ideológicas se han preocupado por crear contrapesos civiles para las decisiones arbitrarias que puedan provenir del Estado. Sin embargo, cuando esta participación involucra la gestión de recursos públicos, ¿quién vigila a los vigilantes, que a veces interpretan su autonomía como una excepción a la ley? Debería ser el ciudadano afectado, el que conoce sus derechos porque ha sido educado por el mismo sistema, y con capacidad social para organizarse espontáneamente ante un asunto determinado, imprevisible, que ocurre de manera excepcional, como es natural cuando un interés privado busca la manera de ir contra la normatividad. ¿Pero es necesario un sistema tan rebuscado de contrapesos que procuren a los contrapesos?


En la Escuela Urbana Pública de Lajas hay un grupo de padres de familia organizado para defender sus derechos. Muchos apenas se están enterando de que en agosto sus hijos volverán al plantel para ser atendidos por una metodología diferente. Esto puede no parecer muy grave, porque tendrán escuela de cualquier manera, pero lo es, porque este cambio abrupto resulta violento y perjudicial para los niños. Incluso hay una ley que los protege en ese sentido y que está siendo violada.


Aunque nosotros formamos parte de las familias afectadas por la relocalización ilegal del servicio que ofrece educación Montessori de Lajas a Cabo Rojo, decidimos alejarnos del sistema responsable de esa metodología porque nuestra breve experiencia nos demostró que no es un espacio que asegure laicidad, ni que busque igualdad, y ni siquiera que se preocupe por vigilar que aquellos profesionales a los que avala tengan el más mínimo conocimiento sobre los derechos humanos. Mientras estuvimos allí, observamos incluso manifestaciones racistas y homófobas. No entendemos, pues, por qué parece tan delicado asegurar que una instancia vigile que el Estado imparta "adecuadamente" los principios Montessori, si a esa instancia lo último que le importa son los derechos humanos.


En fin, ésa es una experiencia particular por la que nos hemos alejado y nos acercamos al sistema regular; no obstante esa particularidad, sabemos que hay profesores bien preparados y resultados satisfactorios a partir de la lucha que quieren sostener los otros padres, a quienes hemos escuchado, y no deseamos retirarles nuestro apoyo. Como una editorial que se jacta de defender la libre manifestación de ideas en busca de una sociedad que pueda defenderse mejor, queremos mantener la coherencia de buscar que los derechos no se atropellen en el mismo espacio que debe servir para difundirlos, para enseñar a defenderlos y hacerlos valer e, incluso, a cuestionarlos.


Por lo anterior, extenderemos aquí también nuestro apoyo a los padres de familia de la Escuela Urbana Pública de Lajas afectados por las decisiones de la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori. Padres de familia que al defender sus derechos benefician el desarrollo de una sociedad mejor con la que todos soñamos. No nos consta que esta decisión tenga alguna relación con el Instituto Nueva Escuela, instancia privada que vigila las acciones del Estado en lo concerniente a la educación Montessori, pero nos preguntamos por qué las funciones de una organización no gubernamental como ésta las está cumpliendo un grupo organizado de manera espontánea. No queremos pensar que es porque la gestión de recursos públicos está involucrada.


Por ahora, apoyar la lucha de estos padres no es muy difícil para usted. Comparta este post, o, si por alguna razón no quiere hacerlo, difunda este suceso. Las decisiones opacas de los funcionarios públicos no deben estar protegidas por la privacidad.

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